Escándalo por licencias médicas: más de 29 mil funcionarios involucrados y solo el 1% terminó destituido
Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a encender las alarmas por el mal uso de licencias médicas en el sector público, revelando una amplia brecha entre la cantidad de funcionarios involucrados y las sanciones efectivamente aplicadas.
Se trata del séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, elaborado en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2026, que recopila información disponible hasta el 31 de diciembre de 2025. Según el reporte, las instituciones del Gobierno Central informaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, las que involucran a 29.270 funcionarios públicos, de acuerdo con antecedentes entregados por la Contraloría General de la República (CGR).
Del total de funcionarios involucrados, 23.745 continúan en funciones, mientras que 5.525 ya no trabajan en la administración pública. Sin embargo, incluso dentro de este último grupo, 2.947 personas siguen siendo objeto de sumarios administrativos, pese a no desempeñarse actualmente en el Estado.
En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante sumarios administrativos. De ellos, 25.352 procedimientos ya han sido instruidos, aunque la mayoría permanece abierta. Según el informe, 21.098 sumarios siguen en curso, mientras que solo 4.254 han llegado a una resolución con pronunciamiento del jefe superior del servicio.
La cifra que genera mayor controversia está en los procesos cerrados. De los 1.543 casos con resolución ejecutoriada, apenas 262 funcionarios fueron destituidos, lo que equivale a cerca del 1% del total de involucrados en el uso irregular de licencias médicas.
El resto de los casos concluyó con sanciones menores o sin castigo alguno. 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, 584 recibieron censura, 65 fueron sancionados con suspensión y 55 con multa. Además, otros 2.711 funcionarios cuentan con resolución, pero aún esperan el cierre definitivo o la ejecución de la medida disciplinaria, debido a impugnaciones u otras etapas pendientes del proceso.
El informe también expone el impacto económico de esta situación. La duración promedio de las licencias cuestionadas es de 22,1 días, y considerando una remuneración bruta promedio de $1,9 millones mensuales, se estima que los funcionarios sometidos a sumario recibieron $36.876 millones en pagos durante los períodos de ausencia.
A esto se suma que 1.009 funcionarios renunciaron antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra, reduciendo aún más el universo de posibles sanciones.
Respecto al origen de los involucrados, Dipres indica que 4.061 funcionarios ingresaron al servicio público desde el 11 de marzo de 2022, mientras que 23.667 pertenecen a administraciones anteriores. En cuanto a las causales, los informes de la CGR señalan que los casos se explican principalmente por salidas del país, salidas en servicios regionales y asistencia a casinos de juegos, entre otras situaciones.
El balance vuelve a evidenciar que, pese al alto número de funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas, las destituciones siguen siendo excepcionales, en medio de procesos administrativos que en su mayoría aún no concluyen.
