Conservador de Chillán declara que firmó contratos “bajo presión” y apunta a Ángela Vivanco

En una declaración que remece la investigación por la denominada “trama bielorrusa”, el Conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Najle Alé, aseguró ante la Fiscalía Regional de Los Lagos que no redactó los contratos firmados con Gonzalo Migueles, que accedió a suscribirlos bajo presión y que la entonces ministra Ángela Vivanco “estaba en conocimiento” de los acuerdos.

Najle declaró el pasado 12 de enero de 2026 en calidad de imputado por cohecho, soborno y lavado de activos, en el marco de un convenio de cooperación con el Ministerio Público. En su comparecencia sostuvo que decidió complementar declaraciones anteriores y apuntó directamente a la génesis de los contratos.

Respecto del contrato fechado el 14 de enero de 2025 entre Combustibles BEK y Migueles, fue categórico: “Ese contrato no lo redacté”. Agregó que el documento “proviene a su vez del correo de Ángela Vivanco que se lo envió a él el día 12 de enero de 2025”. Según relató, inicialmente objetó una versión del texto, pero luego recibió otro mensaje con el asunto “nuevo documento, eliminar el anterior”.

También abordó un finiquito de diciembre de 2024 que incorporaba $25 millones transferidos a Migueles en junio de ese año. Según su declaración, esos fondos “no se originaron en ninguna prestación de servicios”, sino que fueron recibidos por él para ser transferidos íntegramente, sin quedarse con dinero.

Uno de los puntos más sensibles de su testimonio dice relación con las presiones que, según afirmó, recibió para firmar. “Recibía demasiada presión”, declaró, indicando que Migueles lo llamaba de forma reiterada e incluso contactaba a su chofer. Además, aseguró que se le transmitían mensajes como: “Ángela te manda saludos (…) que tenemos que seguir vinculados”.

Najle afirmó que la condición de Vivanco como ministra de la Corte Suprema incidía en su percepción de presión: “De alguna manera es mi superior jerárquico, eso es lo que me hacía sentir presionado”. Incluso sostuvo: “Ángela se lo redactó y lo envió (…) los dos tenían perfecto conocimiento de lo que se estaba haciendo”.

Consultado sobre qué habría ocurrido si se negaba a firmar, respondió que se habría expuesto a riesgos, incluso a eventuales fiscalizaciones. “Yo firmé esos contratos porque sentía mucha presión (…) hay una cierta presión social, jurídica”, declaró.

La investigación continúa en desarrollo y las diligencias buscan establecer responsabilidades en una causa que involucra a exautoridades judiciales y eventuales delitos económicos de alta complejidad.