Escándalo en Ñuble: destituyen al director regional del SAG por investigación del Caso Procultura
El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero en Ñuble, Osvaldo Alcayaga, fue destituido de su cargo en medio de la investigación que realiza la Contraloría General de la República por el denominado Caso Procultura.
La información fue confirmada a Radio Bío Bío por fuentes cercanas al proceso, quienes señalaron que la remoción del cargo se concretó durante la jornada del martes. En las próximas horas se espera que el ente contralor entregue detalles oficiales sobre la decisión.
Según los antecedentes, la salida de Alcayaga estaría vinculada a las indagaciones de Contraloría por eventuales irregularidades relacionadas con recursos públicos asociados a la Fundación Procultura.
El ahora exdirector regional del SAG iba a asumir próximamente como seremi subrogante tras el cambio de mando presidencial, situación que finalmente no se concretará tras su destitución.
Antecedentes del caso
El caso se remonta a un informe emitido en 2023 por la Contraloría, que detectó faltas de transparencia en la asignación directa de recursos del Gobierno Regional de Ñuble a la Fundación Procultura.
El convenio alcanzó un monto de 268 millones de pesos para financiar el proyecto denominado “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Según el informe, la propuesta del proyecto no surgió de manera independiente desde la fundación, sino que habría sido solicitada por el propio Gobierno Regional, lo que cuestiona la justificación de la asignación directa de los fondos.
Además, la División de Fomento e Industria del GORE de Ñuble participó en varias etapas del proceso —formulación, patrocinio, evaluación y supervisión— lo que fue considerado por el organismo fiscalizador como una concentración inadecuada de funciones.
El informe también detectó problemas en la rendición de cuentas, incluyendo un saldo en revisión cercano a $10 millones y otro pendiente por $20 millones, además de inconsistencias administrativas.
Tras la fiscalización, el Gobierno Regional puso término al convenio con la fundación y solicitó la devolución de aproximadamente $20 millones, mientras que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Ñuble y al Consejo de Defensa del Estado para su investigación.
