En una respuesta al fenómeno denominado «bencinazo», el Ejecutivo presentó hoy un conjunto de medidas de emergencia para proteger la economía doméstica y a los sectores productivos más expuestos. El plan contempla una fuerte inversión pública orientada a subsidiar insumos básicos como el gas licuado y el combustible para pequeñas embarcaciones.
Gas licuado gratuito para el 80% de la población
La medida de mayor impacto social consiste en el aporte directo de un cilindro de gas de 15kg por familia. Este beneficio está focalizado en los hogares que integran el 80% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH), alcanzando un universo de 7,5 millones de beneficiarios. Para implementar esta ayuda, el Estado desembolsará US$225 millones, delegando en las municipalidades la tarea de canalizar el recurso hacia los vecinos. En un punto de prensa en La Moneda , el presidente José Antonio Kast afirmó que serán los municipios los encargados de traspasar este beneficio a las familias.
Respaldo a la pequeña pesca artesanal
El programa también extiende una mano al sector pesquero, otorgando una bonificación de $100 mil pesos mensuales por cada nave que registre actividad. El subsidio está diseñado para botes de hasta 12 metros de eslora y se mantendrá vigente por un periodo de hasta seis meses. Se estima que cerca de 9.000 embarcaciones del Registro Pesquero Artesanal podrán acceder a este incentivo.
Estabilización de precios y transporte
Junto a estos anuncios, el Gobierno ratificó una serie de acciones complementarias para frenar la escalada de precios:
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Parafina a precio controlado: Se aplicará una reducción paulatina en el costo del kerosene para estabilizarlo en torno a los $1.050 por litro.
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Apoyo al gremio de taxistas: Entrega de un bono mensual de $100.000 durante un semestre, destinado exclusivamente al pago de combustible.
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Transporte público: Se oficializó el congelamiento de las tarifas tanto en el sistema Red metropolitano como en los servicios regulados de regiones.
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Equidad tributaria en diésel: Modificación al impuesto específico para que empresas no transportistas asuman costos similares a las firmas de transporte.
Con estas herramientas, el Gobierno busca amortiguar la presión inflacionaria y asegurar la continuidad operativa de los pequeños transportistas y trabajadores del mar en todo el territorio nacional.
