Crisis en la Fiscalía de Ñuble: Recorte millonario pone en jaque investigaciones clave
El recorte de $7.064 millones al Ministerio Público ha generado serias preocupaciones en la Fiscalía Regional de Ñuble, que enfrenta una situación crítica debido a la reducción de fondos destinados a sus operaciones.
La fiscal regional, Nayalet Mansilla, explicó que los recortes, que afectan tanto a la región de Ñuble como a otras, impactan especialmente en los subtítulos 22 y 21, donde se concentran los mayores ajustes.
Estas partidas financian servicios esenciales como software, peritajes privados y otros gastos básicos que sostienen las investigaciones penales, tanto dentro de la región como en causas que se extienden más allá de sus límites.
En particular, el subtítulo 22, con una rebaja de $2.700 millones, afecta a los servicios que permiten el funcionamiento diario de la Fiscalía, mientras que el subtítulo 21, con una disminución de $4.221 millones, pone en riesgo recursos humanos cruciales, como dotación, horas extras y recursos extraordinarios a través de honorarios.
Entre los proyectos que se verían amenazados se encuentra un plan de optimización que ha sido fundamental para la tramitación masiva de causas, incluidas investigaciones de alta complejidad como el Caso LED y otros casos de corrupción.
Estos proyectos se sostienen con abogados y funcionarios a honorarios, lo que les ha permitido mejorar la eficiencia y el alcance de las investigaciones.
La fiscal Mansilla destacó que estos recortes no solo afectarán el desarrollo de las investigaciones dentro de la región, sino también la capacidad de la Fiscalía Regional de Ñuble para colaborar en investigaciones que involucran a otras regiones.
Además, la modernización de equipos informáticos, que también está incluida en el subtítulo 29, se verá retrasada, lo que obstaculizaría el progreso hacia una fiscalía más eficiente y tecnológica.
Impacto directo en el trabajo judicial
La fiscal enfatizó que cualquier recorte en el presupuesto de la Fiscalía afectará directamente el resultado de las investigaciones, poniendo en riesgo la persecución penal y los índices de seguridad.
Las investigaciones en curso, como las de corrupción y crimen organizado, dependen de una infraestructura adecuada, que incluye tanto el personal especializado como las herramientas tecnológicas necesarias para procesar los casos con eficiencia.
Mansilla expresó su esperanza de que estos recortes sean revisados y corregidos, resaltando que, a diferencia de otras instituciones como Carabineros y la PDI, la Fiscalía no debería ser afectada por reducciones presupuestarias que puedan poner en peligro la justicia.
Controversia y enfrentamiento con el Gobierno
La situación ha generado controversia a nivel nacional. El fiscal nacional, Ángel Valencia, se ha referido a este recorte como un posible acto de represalia debido a las investigaciones que la institución está llevando a cabo.
En una reciente entrevista en Radio Pauta, Valencia reveló que la Fiscalía ha tenido “problemas graves” con el Ministerio de Hacienda, especialmente en lo que respecta al financiamiento del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en el año anterior.
Este equipo ha sido crucial en la lucha contra el crimen organizado y los homicidios, lo que hace aún más grave la falta de recursos para su operación.
Además, durante la cuenta pública de las fiscalías regionales metropolitanas, Valencia planteó la posibilidad de que los recortes presupuestarios respondan a una represalia por la labor investigativa de la Fiscalía.
En una reunión con los fiscales regionales, surgió la duda sobre si las medidas presupuestarias podrían estar relacionadas con las indagatorias que la institución lleva adelante, lo que ha generado un creciente malestar dentro de la Fiscalía.