En un fallo considerado como un precedente relevante en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán (Causa T-221-2023) acogió una denuncia por tutela laboral presentada por la funcionaria administrativa, Carolina Pantoja Ancán, quien acusó acoso laboral ejercido por el director del Liceo Martín Ruiz de Gamboa, Víctor Mauricio Guajardo, luego de haber advertido irregularidades en el uso de subvenciones escolares entregadas por el Estado.
La profesora fue representada por el abogado Rodrigo Vargas Montané, quien sostuvo que los hechos configuraban un acto de represalia grave contra una funcionaria que actuó conforme al deber ético de denunciar hechos de eventual corrupción en la gestión de recursos públicos.
La sentencia, dictada por la magistrada Sandra Cea Venegas, estableció que existió una afectación concreta a los derechos fundamentales de la profesora, en particular su derecho a la integridad psíquica y a no ser discriminada por razones de conciencia o expresión. Los hechos comenzaron en 2022, cuando la administrativa puso en conocimiento de la dirección del establecimiento y del sostenedor —la Municipalidad de Chillán— una posible adulteración de datos para la obtención de subvenciones escolares por concepto de asistencias.
Tras su denuncia, la administrativa fue objeto de hostigamientos sistemáticos, tales como el retiro injustificado de sus horas de clases, restricción de acceso a dependencias del liceo, y un aislamiento laboral progresivo, lo que le causó un daño emocional grave, según acreditó el informe pericial psicológico incorporado en juicio.
El municipio de Chillán, en su calidad de empleador, fue condenado a pagar una indemnización en dinero, correspondientes a daño moral, multas por la tutela entre otras, por cerca de $25 millones de pesos.
Cabe consignar además, que la afectada también recibió malos tratos por parte de su jefatura a raíz de su condición étnica, al ser de la etnia mapuche.
