Alcaldes de Chillán y Chillán Viejo llevan a tribunales crisis por malos olores en la intercomuna

La persistente emergencia por malos olores que afecta a Chillán y Chillán Viejo escaló a tribunales luego de que ambos alcaldes interpusieran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, apuntando a dos empresas de la zona como responsables de las emisiones que afectan a miles de vecinos.

La acción judicial fue presentada por los alcaldes Camilo Benavente Jiménez y Jorge del Pozo Pastene, quienes argumentan que la situación se ha vuelto insostenible y que la vía administrativa no ha logrado frenar un problema que se arrastra por años y que se intensifica durante los meses de verano.

Desde Chillán, el alcalde Benavente afirmó que la crisis llegó a un punto límite. Señaló que los reclamos ciudadanos se han vuelto permanentes y que no es aceptable que ambas comunas sigan conviviendo con episodios de contaminación odorífera que afectan la vida cotidiana. A su juicio, el objetivo del recurso es que se investiguen las causas y que las emisiones cesen de manera definitiva.

En la misma línea, el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, sostuvo que el recurso busca resguardar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, recalcando que se trata de un problema histórico que no ha podido ser resuelto pese a denuncias y sanciones previas.

El escrito presentado ante la Corte plantea que, desde fines de 2025 y comienzos de este año, los episodios de malos olores se han vuelto constantes y diarios, especialmente entre las 19:00 y las 08:00 horas, obligando a las familias a mantener puertas y ventanas cerradas incluso en jornadas de calor extremo.

Según lo expuesto, las emisiones incluirían gases sulfurados como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, purines y otros compuestos orgánicos volátiles, asociados a actividades agroindustriales y sanitarias. Los alcaldes sostienen que, de acuerdo con la normativa vigente, instalaciones bien operadas no deberían generar olores ofensivos fuera de sus recintos.

El recurso de protección busca beneficiar directamente a cerca de veinte unidades vecinales de ambas comunas, donde habitan miles de personas que, según los ediles, han visto vulnerados de forma reiterada sus derechos fundamentales. Será ahora la Corte de Apelaciones la que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de esta acción judicial.