Como parte de los compromisos adoptados en la Mesa de Conectividad Rural en el Valle del Itata, realizada el pasado 8 de mayo, y que fue encabezada por la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, las autoridades regionales anunciaron el comienzo de las fiscalizaciones de antenas móviles en 31 localidades de siete comunas.
A través de la identificación de diversas brechas de conectividad digital en sectores rurales de la provincia, los participantes públicos y privados de la mesa impulsaron un trabajo coordinado con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble y los municipios de Itata. Esto permitió revisar comuna por comuna el estado de conectividad y priorizar acciones en los territorios con mayores necesidades.
En la primera etapa, serán fiscalizadas 16 Localidades Obligatorias de las Concesionarias Entel, ClaroVTR y Movistar de los Servicios Públicos de Transmisión de Datos, en las comunas de Cobquecura, Trehuaco, Coelemu y Quirihue. En tanto, en la segunda se realizarán fiscalizaciones en 15 Localidades Obligatorias de las Concesionarias Entel, ClaroVTR, Wom y Movistar de los Servicios Públicos de Transmisión de Datos, en las comunas de Quirihue, Portezuelo, Ránquil y Ninhue.
En total, el despliegue abarcará 31 localidades de la Provincia del Valle del Itata, permitiendo levantar información técnica sobre el estado y funcionamiento de las antenas de telecomunicaciones existentes, una de las principales causas de brechas digitales.
En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Omar Sandoval, explicó que el trabajo en terreno permitirá establecer una nueva hoja de ruta para el territorio.
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata y alcalde de Ninhue, Luis Molina Melo, valoró el inicio de este proceso.
Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de fiscalización, SUBTEL procederá de acuerdo a las facultades entregadas por la Ley de Telecomunicaciones, encargándose de constatar irregularidades para oficiar a las concesionarias, con el objetivo de normalizar o se ajustar sus servicios. Además, si detectasen la falta de servicios operativos en la Localidad Obligatoria, los antecedentes serán remitidos para su evaluación jurídica y la adopción de las medidas que eventualmente correspondan.
Asimismo, se informó que, una vez concluida esta etapa, se desarrollará un nuevo plan de fiscalización en las provincias de Punilla y Diguillín.
