Un ciudadano extranjero ubicado en la ciudad de Chillán fue parte del quinto vuelo chárter internacional de expulsiones realizado este jueves 25 de junio, operativo que permitió sacar del país a 62 personas con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.
La información fue dada a conocer por el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, exdiputado por la Región de Ñuble, quien encabezó el balance junto al Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y al Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León.
Durante la jornada, las autoridades informaron que el Gobierno ya concretó 1.039 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante 2026, superando las mil expulsiones antes de finalizar el primer semestre y consolidando un aumento significativo respecto del mismo período del año anterior.
El extranjero ubicado en Chillán integró el grupo de personas expulsadas en este vuelo, que incluyó tanto medidas administrativas como judiciales. Entre los expulsados también había personas con antecedentes por delitos graves, como homicidio, secuestro con violación, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos y delitos vinculados a armas de fuego.
Frank Sauerbaum destacó que el trabajo desarrollado durante los primeros meses del actual Gobierno ha permitido fortalecer el control migratorio. “El trabajo ordenado de estos tres meses de gobierno ha mejorado la calidad de vida, con una fuerte disminución de ingresos clandestinos por frontera y un aumento en salidas voluntarias y expulsiones. El plan fronterizo está funcionando, y hemos priorizado la expulsión de quienes han cometido delitos graves”, señaló.
Desde el 11 de marzo de 2026, el Gobierno ha ejecutado 743 expulsiones, mientras que la gestión migratoria también registra 2.509 salidas voluntarias efectivas, alcanzando un total de 3.548 salidas del país entre expulsiones y abandonos voluntarios.
Las autoridades destacaron que estos resultados responden al trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la autoridad aeronáutica y otros organismos públicos, reforzando una política migratoria basada en el orden, el control efectivo de las fronteras y el cumplimiento de la legislación vigente.
